En estos tiempos de recortes, cada vez son más habituales las conversaciones sobre el Estado del Bienestar, el fruto de ese gran acuerdo, fundamentalmente, entre socialdemócratas (Centro Izquierda) y democristianos (Centro Derecha) que se produjo en Europa tras la II Guerra Mundial. Un acuerdo entre todos que convertía algunas prestaciones, algunos servicios en derechos de todos nosotros.
Con este acuerdo, todos los ciudadanos europeos tenían garantizada la atención sanitaria, la educación de sus hijos, la jubilación, un subsidio en caso de perder el empleo, etc. Estos derechos deben garantizarse con la mayor calidad posible y el acceso a los mismos no puede depender de la capacidad económica de aquellos que los necesiten.
Se trata de un acuerdo en el que todos realizamos un aporte económico importante a través de nuestros impuestos para garantizar que todos nosotros tenemos acceso a estos servicios. En la Europa del estado del bienestar, más del 50% del coste salarial de los trabajadores se transfiere a las administraciones públicas. La principal misión de todas las administraciones públicas es preservar estos derechos, mejorar estos servicios y garantizar su acceso a todos nosotros con los mejores parámetros de calidad posibles e independientemente de nuestro lugar de residencia.
En España, por ejemplo, son necesarios entre 2 y 3 trabajadores activos para hacer frente al coste que supone la jubilación de cada uno de nuestros jubilados. Este gran acuerdo, a mí me gusta explicarlo siempre con la sanidad y siempre con la misma frase:
Todos hemos acordado aportar una cantidad de dinero para tener derecho a la mejor atención sanitaria posible, a todos nos gustaría no tener que recurrir nunca a este derecho, pero aportamos este dinero porque queremos estar seguros que si necesitamos atención sanitaria, ésta estará a nuestra disposición y todos somos conscientes que la mayoría de nosotros no podemos hacer frente económicamente al coste que supone, por ejemplo, un tratamiento de cáncer (aproximadamente 450.000 €).
El desarrollo de este estado del Bienestar dio muchos otros frutos como el mayor desarrollo económico y social que ha vivido nuestro continente fruto en gran medida de un aumento en el poder adquisitivo de los más desfavorecido, una mejor cualificación de nuestros trabajadores y una mayor esperanza de vida de todos nosotros.
Pero a nuestro estado del bienestar pronto le aparecieron dos grandes virus:
- Los que no tienen claro cuáles tienen que ser sus prioridades como gestores de las administraciones públicas, aquellos que ven un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un estado como una empresa en la que lo único importante son los ingresos y los gastos y si la prestación de algunos servicios es económicamente rentable.
- Los que ven en la gestión de lo público una oportunidad para fomentar el negocio de las empresas privadas.
A veces, ambas formas de pensar coinciden en las mismas personas, este es el caso de la reciente aprobación, por parte del Gobierno de España, de la reforma de la ley de bases de régimen local aprobada recientemente por el Gobierno de España, reforma que hará que, por criterios de rentabilidad económica, los ayuntamiento se vean obligados a dejar de prestar o a recortar estos servicios que constituyen los pilares básicos del estado del bienestar, con el único fin de abrir una vía de negocio más al capital privado para el lucro económico de los de siempre.
En mi caso, siempre he estado radicalmente en contra de cualquier recorte o supresión de estos servicios por parte de las administraciones públicas, siempre he estado y siempre estaré en contra.
No es aceptable que se dedique un solo céntimo de euro a subvencionar otras cosas mientras se reducen, recortan o suprimen estos servicios.
Siempre estaré del lado de aquello que con su activismo político defienden a través de las distintas mareas (esto es activismo político y el mejor de todos, porque es por el interés general sin que medien los intereses individuales), desde los sindicatos o desde los partidos políticos, si también dentro de estos tenemos que suprimir a estos “Empresarios de los público” antes de que ellos supriman nuestros derechos en favor de su propio beneficio económico.
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